Una cadena de farmacias en Vermont implementa inteligencia artificial para mejorar la eficiencia

La cadena de farmacias Kinney Drugs ha implementado una herramienta de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en sus servicios de recarga de recetas. Sin embargo, los clientes han reportado problemas con el sistema, incluyendo retrasos en la procesamiento de pedidos y errores en la identificación de cuentas de clientes.

Entre los problemas reportados se encuentran la incapacidad del sistema para ubicar cuentas de clientes antiguos, la ordenación de dosis incorrectas y la falta de notificación a los clientes cuando las recargas están listas para ser recogidas. Además, algunos clientes han expresado preocupaciones sobre la privacidad debido a la capacidad del sistema para acceder a sus registros farmacéuticos.

“Además, algunos clientes han expresado preocupaciones sobre la privacidad debido a la capacidad del sistema para acceder a sus registros farmacéuticos”

La herramienta de inteligencia artificial, llamada Burt, fue implementada en mayo y ha sido desarrollada por la empresa Synerio. Según los términos de Kinney Drugs, cualquier cliente que proporcione su número de teléfono automáticamente consiente en interactuar con la herramienta, aunque puede optar por salir del sistema más tarde. Algunos clientes han reportado que no se dieron cuenta de que se había implementado el nuevo sistema hasta que llamaron para recargar una receta y escucharon la voz de la inteligencia artificial.

La implementación de la inteligencia artificial en el sector de la salud ha generado preocupaciones sobre la privacidad y la regulación. Según Cody Venzke, abogado senior de la ACLU, "hay un retraso en las leyes que se están promulgando, por lo que no hemos visto un panorama detallado de cómo las empresas van a cumplir con las leyes o cómo los estados las van a hacer cumplir". En Vermont, una nueva ley de privacidad de datos, S.71, firmada por el gobernador Phil Scott el 16 de junio, entrará en vigor en dos años, lo que crea un vacío en la protección de los consumidores.