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Dev hace 2 h

Nuevo Proyecto de Ley Ataca la Presión gubernamental sobre el Discurso en Línea Legítimo

Nuevo Proyecto de Ley Ataca la Presión gubernamental sobre el Discurso en Línea Legítimo

Senadores Ted Cruz y Ron Wyden han presentado un proyecto de ley bipartidista que busca proteger a los intermediarios tecnológicos del acoso gubernamental para censurar contenido legalmente protegido por la Primera Enmienda.

El JAWBONE Act crea una acción federal contra funcionarios públicos que intenten coaccionar a broadcasters, servicios de internet interactivos o proveedores de inteligencia artificial. También establece un sistema de transparencia para las comunicaciones entre el gobierno y estos intermediarios sobre la expresión del usuario.

“También establece un sistema de transparencia para las comunicaciones entre el gobierno y estos intermediarios sobre la expresión del usuario”

Este proyecto busca proporcionar a los usuarios una nueva vía legal en los tribunales federales para demandar al gobierno cuando se produzca coacción, además de lo que ya ofrece la Primera Enmienda. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha destacado el caso reciente de Joshua Aaron, creador de ICEBlock, una aplicación que permite a la gente reportar actividades de la Oficina de Inmigración y Aduanas en sus comunidades.

En junio del 2025, funcionarios federales amenazaron con investigar y procesar a Aaron. En octubre, el fiscal general demandó a Apple para que retirara ICEBlock de la App Store, lo cual ocurrió. La EFF ha presentado una solicitud de acceso a información contra las agencias gubernamentales involucradas en este caso.

La EFF sostiene que no todo contacto entre el gobierno y los intermediarios tecnológicos es inconstitucionalmente coercitivo, pero reconoce la importancia de proteger el derecho del gobierno a dictar cómo se edita un sitio web según sus deseos. Este proyecto busca encontrar el equilibrio adecuado para proporcionar más protección a los usuarios en torno a su libertad de expresión.

El JAWBONE Act representa una respuesta legislativa a la preocupación creciente sobre la presión gubernamental sobre las compañías tecnológicas, buscando proteger tanto el discurso legalmente protegido como la autonomía de estos intermediarios en la moderación del contenido.