Tribunal decide sobre cargo por equipaje de mano

Un tribunal de A Coruña ha elevado una demanda contra Ryanair, Vueling y Volotea al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. El Ministerio Fiscal considera que las prácticas de estas compañías aéreas de bajo coste en cuanto al equipaje de mano son abusivas.

La demanda se centra en la política de equipajes de estas aerolíneas, que solo permiten llevar una pequeña mochila sin coste adicional. El Ministerio Fiscal argumenta que esta práctica es abusiva y que las compañías deberían permitir a los pasajeros llevar equipaje de mano de manera gratuita. El tribunal coruñés ha suspendido el procedimiento hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea responda a dos preguntas clave: si la normativa de libertad para la fijación de precios de la Unión Europea va en contra de la normativa española que obliga a que las aerolíneas permitan viajar con equipaje de mano de manera gratuita, y si el sobreprecio en el billete es un abuso hacia los consumidores.

“La Unión Europea ya se ha posicionado sobre este tema, trabajando en un nuevo reglamento que especificará qué medidas mínimas son exigibles para el equipaje de mano”

La Unión Europea ya se ha posicionado sobre este tema, trabajando en un nuevo reglamento que especificará qué medidas mínimas son exigibles para el equipaje de mano. Sin embargo, las medidas propuestas coinciden con las que pide Ryanair en sus viajes, lo que podría ser un problema para España. El Comisario de Transporte de la Comisión Europea también parece haberse posicionado a favor de las empresas.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea será clave para determinar si Ryanair, Vueling y Volotea pueden seguir cobrando por el equipaje de mano. Mientras tanto, el procedimiento está suspendido y los implicados deben esperar a saber qué dice el tribunal. La falta de claridad en las normas que regulan el tráfico aéreo ha provocado una tensión en España, con decisiones judiciales contradictorias en diferentes casos. El Gobierno considera que las medidas de las compañías de bajo coste son insuficientes, mientras que las empresas defienden que sí dejan pasar una mochila en los términos ofertados y que la ley les ampara cuando deciden poner precio a bultos más grandes.